El diario Última Hora publica este viernes que Esquerra Oberta de Calvià ha retirado la propuesta de vetar a los medios que no informen como el Ajuntament de Calvià diga. La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) celebra este gesto. Ayer jueves la APIB envió este comunicado a los medios:
La APIB rechaza el intento de politización de los medios por parte de Esquerra Oberta en Calviá y exige imparcialidad en la publicidad institucional
La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), considera inaceptable el intento de politización e injerencia en los medios de comunicación por parte de Esquerra Oberta, quien propone retirar la publicidad institucional de los medios que no sigan las directrices de los grupos municipales. La APIB entiende que esta medida atenta contra la imparcialidad que debe regir el derecho a la información y contra el principio deontológico de la profesión periodística. La asociación opina que esta posición implica una coacción hacia los periodistas que ejercen y es contraria a la libertad de prensa.
La coalición, integrada por MÉS y Esquerra Unida y con dos concejales en la oposición, ha registrado una moción al pleno, que se celebra hoy, en la que insta a “no contratar servicios o no insertar ni financiar publicidad institucional en las empresas de comunicación que, en sus medios, dificulten a los grupos municipales que sus acciones políticas y sus opiniones referentes a la gestión municipal lleguen a la ciudadanía en igualdad de condiciones y sin discriminación”. La APIB pide la retirada de la moción y el respeto de la Corporación Municipal a la libertad de expresión. En este sentido, la APIB ha contactado con Esquerra Oberta y su portavoz, Rafel Sedano, insiste en que están “abiertos a hacer modificaciones”, pero “ningún grupo municipal lo ha pedido”. Asimismo, defiende que su objetivo con esta propuesta es “evitar la manipulación”.
La APIB recuerda, en este contexto, que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe explícitamente, en su artículo 4, las campañas que persigan “destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el Gobierno y en su artículo 3.4 exige que éstas se ajusten a “los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto”. Aunque la ley es de aplicación a la Administración General del Estado y entidades integrantes del sector público estatal, su Disposición Final Segunda determina que sus prohibiciones tienen el carácter de «legislación básica», lo que significa que afecta a cualquier otra Administración pública. Además, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de Publicidad Institucional de las Illes Balears se somete explícitamente a dichas prohibiciones.
La APIB, además, considera que la legislación debería establecer criterios objetivables para la concesión de subvenciones y para la inserción de publicidad institucional, que limiten de forma clara las posibilidades de arbitrariedad de la Administración. Asimismo, la APIB considera que son los medios quienes tienen que autorregularse y no la Administración la que imponga criterios no periodísticos.